El Concejo Deliberante avaló una ordenanza clave
Aval a la demolición de construcciones vinculadas al narcomenudeo
El Honorable Concejo Deliberante de Moreno aprobó una ordenanza impulsada por Unión por la Patria que permite demoler inmuebles utilizados para la venta de drogas. La medida busca desactivar definitivamente los denominados “búnkers narco” y evitar que vuelvan a ser espacios de disputa territorial.
El proyecto brinda nuevas herramientas al Ejecutivo municipal en el combate contra el narcotráfico, permitiendo actuar sin depender de decisiones del ámbito provincial o nacional. Esta acción se enmarca en la emergencia por adicciones declarada hasta 2027, y responde a la creciente preocupación de la comunidad por el avance del consumo y el narcomenudeo.
Durante la sesión, el concejal oficialista Lucas Franco expresó:
“Al búnker narco hay que tirarlo abajo. Es necesario para que no vuelva a convertirse en un terreno de disputas. Esto lo saben bien todos nuestros vecinos”.
Qué establece la nueva normativa
Condiciones para proceder a las demoliciones
Según lo aprobado, la ordenanza autoriza la demolición de:
- Viviendas particulares o construcciones precarias que no brinden condiciones mínimas de seguridad para sus ocupantes o terceros.
- Estructuras edificadas sobre espacio público sin habilitación previa.
- Lugares identificados como puntos de venta de drogas.
Estas condiciones estaban ya previstas en los artículos 40 inciso C y 48, pero la nueva normativa agiliza la intervención del municipio para avanzar en la eliminación de espacios que ponen en riesgo a la comunidad.
Emergencia por adicciones: alcance y objetivos
Acceso a salud, reinserción laboral y educación
En septiembre de 2024, se sancionó en Moreno la emergencia por adicciones, impulsada por la Subsecretaría de Casa Pueblo y organizaciones comunitarias. Entre sus principales medidas se incluyen:
Acceso prioritario a tratamientos de salud y derivaciones médicas.
Pases de transporte público para personas en tratamiento ambulatorio.
Planes de reinserción laboral, en articulación con los programas del IMDEL.
Promoción de actividades recreativas y deportivas como parte de la rehabilitación.
Terminalidad educativa, asegurando que quienes atraviesan procesos de recuperación puedan culminar su formación académica.
Con esta normativa, el municipio profundiza su política integral contra las adicciones, combinando acción directa sobre el narcotráfico con estrategias de contención y acompañamiento comunitario.
